La construcción, al igual que el año anterior, sigue liderando el crecimiento económico del país. Nuevas obras han sido el eje de importantes cambios en la fisonomía territorial limeña debido a la explosión inmobiliaria. Lima se ha vuelto el centro de una presta transformación. Cada día se construyen más y más edificios, así como enormes proyectos inmobiliarios de millonarias inversiones y de capacidades para habitantes, casi sin límites.
Inmersas hasta el fondo en este fenómeno se encuentran las más poderosas constructoras peruanas y extranjeras. Así como las municipalidades de la mayoría de distritos las cuales, al parecer, no han analizado sensatamente las repercusiones negativas de estas monstruosas construcciones. ¿Y cuáles son estos efectos negativos? Pues bien, la cantidad de obras que se realizan en la ciudad generan una variación en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas por insuficiencia de la infraestructura existente e inadecuación de la misma, afectación de la propiedad por ruidos y contaminación, aumento de las vibraciones en gran escala, un incremento sustancial del tránsito y una tugurización sin precedentes.
Las empresas constructoras y/o propietarias de los predios se potencian en impunidad ante la dudosa pasividad de los gobiernos locales que no han adoptado las medidas necesarias para evitar la afectación del entorno urbano, el paisaje, el colapso de los sistemas de agua y drenaje, y la calidad de vida de los vecinos. Se privilegia el interés económico y los negociados, por sobre los vecinos, a los que se deben los distritos.
Por si fuera poco se transgrede y acomoda la ley en beneficio de las empresas inmobiliarias sin que ninguna autoridad estatal presente las sanciones respectivas. Es el caso del Trigal en Surco, donde se pretende construir siete torres de más de doce pisos para viviendas y usos comerciales, a pesar de que el predio en cuestión se encuentra tipificado dentro de una zona de densidad baja-media que no permite construcciones de más de diez pisos de alto. Para esto la municipalidad ha cambiado sin previo aviso la zonificación para que se permita llevar a cabo tremenda construcción. Es así que distritos como Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro; caracterizadas por su residencialidad y tranquilidad, dan paso a una tugurización inminente.
Para solucionar esta problemática se debe establecer medidas y políticas transparentes para la aceptación de los proyectos inmobiliarios por parte de las municipalidades. Por lo tanto, deben suspenderse todas las autorizaciones de obra hasta que se realice una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental estratégico e integral, basado en las modificaciones que las múltiples, actuales y futuras obras generan y generarán en la ciudad. Así como también hasta realizar un análisis de la capacidad de la infraestructura de servicios en y de la legalidad de las obras en curso. De este modo, si el proyecto no cuenta con un correcto estudio de defensa civil, de las repercusiones de los sistemas de alcantarillado, de impacto vial y ambiental, no deben ser aprobados bajo ninguna circunstancia; sin importar la empresa que sea, ni las millonarias inversiones en construcción, ni las relaciones que mantengan los altos funcionarios de estas empresas con gente del gobierno.
Asimismo, proponemos el establecimiento de un organismo autónomo fuera de la jurisdicción de los gobiernos locales al cual se presenten los proyectos y en el cual se hagan los estudios responsablemente. Además se debe reestructurar la ley de libre construcción pues lo vacíos que posee, genera grandes problemas en la fiscalización del rubro.
En definitiva, esta es la otra cara del boom de la construcción que va en contra de lo que lima y sus habitantes necesitan. Y es lógico ya que el "mercado" sólo se rige por la búsqueda de la mayor rentabilidad. Es menester guiarlo.
Mientras tanto, deberá discutirse cómo crece Lima, sin afectar la calidad de vida de los vecinos y en el marco de una edificación sustentable.
Inmersas hasta el fondo en este fenómeno se encuentran las más poderosas constructoras peruanas y extranjeras. Así como las municipalidades de la mayoría de distritos las cuales, al parecer, no han analizado sensatamente las repercusiones negativas de estas monstruosas construcciones. ¿Y cuáles son estos efectos negativos? Pues bien, la cantidad de obras que se realizan en la ciudad generan una variación en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas por insuficiencia de la infraestructura existente e inadecuación de la misma, afectación de la propiedad por ruidos y contaminación, aumento de las vibraciones en gran escala, un incremento sustancial del tránsito y una tugurización sin precedentes.
Las empresas constructoras y/o propietarias de los predios se potencian en impunidad ante la dudosa pasividad de los gobiernos locales que no han adoptado las medidas necesarias para evitar la afectación del entorno urbano, el paisaje, el colapso de los sistemas de agua y drenaje, y la calidad de vida de los vecinos. Se privilegia el interés económico y los negociados, por sobre los vecinos, a los que se deben los distritos.
Por si fuera poco se transgrede y acomoda la ley en beneficio de las empresas inmobiliarias sin que ninguna autoridad estatal presente las sanciones respectivas. Es el caso del Trigal en Surco, donde se pretende construir siete torres de más de doce pisos para viviendas y usos comerciales, a pesar de que el predio en cuestión se encuentra tipificado dentro de una zona de densidad baja-media que no permite construcciones de más de diez pisos de alto. Para esto la municipalidad ha cambiado sin previo aviso la zonificación para que se permita llevar a cabo tremenda construcción. Es así que distritos como Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro; caracterizadas por su residencialidad y tranquilidad, dan paso a una tugurización inminente.
Para solucionar esta problemática se debe establecer medidas y políticas transparentes para la aceptación de los proyectos inmobiliarios por parte de las municipalidades. Por lo tanto, deben suspenderse todas las autorizaciones de obra hasta que se realice una audiencia pública y un estudio de impacto ambiental estratégico e integral, basado en las modificaciones que las múltiples, actuales y futuras obras generan y generarán en la ciudad. Así como también hasta realizar un análisis de la capacidad de la infraestructura de servicios en y de la legalidad de las obras en curso. De este modo, si el proyecto no cuenta con un correcto estudio de defensa civil, de las repercusiones de los sistemas de alcantarillado, de impacto vial y ambiental, no deben ser aprobados bajo ninguna circunstancia; sin importar la empresa que sea, ni las millonarias inversiones en construcción, ni las relaciones que mantengan los altos funcionarios de estas empresas con gente del gobierno.
Asimismo, proponemos el establecimiento de un organismo autónomo fuera de la jurisdicción de los gobiernos locales al cual se presenten los proyectos y en el cual se hagan los estudios responsablemente. Además se debe reestructurar la ley de libre construcción pues lo vacíos que posee, genera grandes problemas en la fiscalización del rubro.
En definitiva, esta es la otra cara del boom de la construcción que va en contra de lo que lima y sus habitantes necesitan. Y es lógico ya que el "mercado" sólo se rige por la búsqueda de la mayor rentabilidad. Es menester guiarlo.
Mientras tanto, deberá discutirse cómo crece Lima, sin afectar la calidad de vida de los vecinos y en el marco de una edificación sustentable.
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